Es una contradicción jurídica y una aberración de forma y fondo, que existiendo condiciones legales para hacer en nuestra propiedad algo que la ley no prohibe, tengamos que estar obligados a pedir permiso. Esto resulta necesario en una ciudad, donde las condiciones de convivencia y las seguridades técnicas deben extremarse, pero es absurdo que se aplique a construcciones en el medio rural o donde las condiciones de seguridad y previsión de servicios no tienen las mismas necesidades. Aún así, la lentitud de tramitaciones en las ciudades como en el campo, genera importantes perjuicios económicos a los ciudadanos, imposibles de valorar en general, por estar sujetos a factores de tiempo, gastos profesionales y perspectivas de negocios diversos.

Por otra parte, nadie en su sano juicio construirá "mal" su casa de campo y aún con permisos o sin él, ningún Ayuntamiento se hace cargo jamás de la calidad de las construcciones, sean hechas por un arquitecto, una empresa o por el propio dueño. Las inspecciones pueden y deben hacerse por solicitud y en beneficio del propietario, no para controlarle, prohibirle y ponerle trabas.

Dado que la nueva casa necesitará servicios de agua, enganche a la red eléctrica (si es que la quiere), teléfono, etc., lo más lógico es que el ciudadano comunique al Ayuntamiento su intención antes de construir y solicite información legal sobre la superficie edificable (si la desconoce), pero esto no debe ser obligatorio si conoce sus derechos. Por otra parte, el suministro de servicios merced a las actuales tecnologías y la gran cantidad de empresas que los brindan, ya no es excusa para los burócratas. En todo caso, la obligación de los políticos es bregar por conseguir las mejoras que hagan falta, en vez de obstaculizar cada nueva construcción.

En caso que el propietario construya más que lo que la ley autoriza, se haría pasible de las sanciones económicas correspondientes, de modo que como no es lógico correr con estos riesgos, la mayoría de los propietarios comunicará al Ayuntamiento su intención de edificar, recibiendo las directivas necesarias para evitar caer en la ilegalidad. Este trámite debería hacerse en cuestión de minutos, no en semanas, meses o años como ocurre en la práctica actual cuando se solicitan esos permisos. La tecnología actual hace de este asunto una aberración más, puesto que se obtienen todos los datos catastrales necesarios en segundos desde cualquier acceso a internet en la mayoría de los paises. En España, con acceso libre se encuentran datos catastrales básicos en esta página: http://www.sigpac.es

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